La industria de los alimentos ultraprocesados no solo libra su batalla en los despachos o mediante campañas de presión política. También lo hace en los tribunales. Una investigación coordinada por The Guardian, junto a Lighthouse Reports y medios de varios continentes, ha identificado al menos 235 demandas presentadas entre 2010 y 2025 contra gobiernos que intentaban limitar el consumo de estos productos. Aunque la mayoría de los litigios acaban con victoria de las administraciones públicas, los procesos judiciales acumulan casi 600 años de disputas y logran un efecto clave: retrasar la entrada en vigor de las normas y desincentivar a otros países a seguir el mismo camino.
El análisis, que abarca cinco países, revela que tres cuartas partes de las demandas fueron impulsadas por los propios fabricantes de ultraprocesados o por asociaciones que representan sus intereses. Entre las compañías vinculadas aparecen nombres como Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone o Ferrero. Las políticas más recurridas son el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos a la comida basura y las restricciones a la publicidad, especialmente la dirigida a niños. Para Marion Nestle, profesora de Nutrición y Salud Pública de la Universidad de Nueva York, las empresas «no lucharían tan duro» si estas medidas no redujeran realmente sus ventas.
La batalla legal contra las restricciones
El informe señala que, de los casos resueltos, tres de cada cuatro fallaron a favor de los gobiernos. Sin embargo, el simple hecho de litigar ya cumple un objetivo: ganar tiempo. Mientras los procesos se alargan, el consumo de ultraprocesados sigue creciendo. En países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia, estos productos ya representan hasta la mitad de la dieta media. La Organización Mundial de la Salud y especialistas como Chris van Tulleken, del University College London, han comparado estas tácticas legales con las utilizadas históricamente por la industria tabacalera para retrasar las regulaciones antitabaco.
La investigación también destaca que el 38% de los casos corresponden a ocho grandes corporaciones, aunque algunas solicitaron mantener su identidad en reserva durante los procedimientos. Los expertos consultados advierten de que «retrasar la acción por miedo a los litigios supone prolongar un daño prevenible que será mucho más difícil y costoso de afrontar en el futuro», según Katherine Shats, especialista jurídica de Unicef.
El caso de España: políticas en marcha
En España, el consumo de ultraprocesados se ha triplicado en los últimos veinte años, pasando del 11% al 32% de las calorías diarias, según un informe de la revista The Lancet respaldado por la OMS y Unicef. Para frenar esta tendencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha impulsado dos grandes proyectos. El Real Decreto de Comedores Escolares, aprobado en abril de 2025, limita la presencia de ultraprocesados en colegios e institutos, garantizando que las comidas cumplan con las recomendaciones internacionales de salud. Además, se ha presentado un proyecto de real decreto para fomentar una alimentación saludable en hospitales infantiles, centros de mayores y dependientes, aunque aún no está en vigor.
Sin embargo, la falta de una definición clara de «ultraprocesado» en el ámbito europeo genera un vacío legal que las empresas pueden aprovechar. Carlos Lema, catedrático de Derecho Mercantil, explica que esa ausencia de definición podría producir una discordancia entre el derecho español y el de la Unión Europea, lo que obligaría a adaptaciones posteriores. Las multinacionales también ejercen presión mediante lobby y alegaciones durante los periodos de información pública, buscando modificar los preceptos que consideran lesivos para sus intereses.
México y Brasil: los campos de batalla
América Latina concentra la mayor parte de los litigios. México encabeza la lista con 193 demandas, seguido de Colombia (18) y Brasil (17). En México, el etiquetado frontal de advertencia —considerado el primer paso para futuras restricciones— ha demostrado eficacia: el 52% de los consumidores modificó sus hábitos de compra y el 30% dejó de adquirir productos con sellos, según la Encuesta Nacional de Salud de 2024. A pesar de la oposición empresarial, el consumo de refrescos sigue siendo altísimo: 166 litros por persona al año, y la obesidad afecta a más de un tercio de los escolares.
En Brasil, el caso más emblemático es la RDC 24, una normativa de 2010 que exigía advertencias sanitarias en la publicidad de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio. Dieciséis años después, la norma sigue sin aplicarse, bloqueada por recursos de asociaciones empresariales. El Supremo Tribunal Federal aún no ha dictado sentencia definitiva, y mientras tanto el principal mecanismo de control sigue siendo la autorregulación de la propia industria. Este ejemplo ilustra cómo los procesos judiciales pueden paralizar indefinidamente las políticas de salud pública.
La evidencia científica vincula el consumo elevado de ultraprocesados con obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Los gobiernos se enfrentan a un dilema: actuar contra la presión de la industria o permitir que el daño prevenible se consolide. La investigación concluye que, aunque las empresas pierdan la mayoría de los pleitos, el simple hecho de litigar ya les reporta beneficios al retrasar las regulaciones y mantener sus productos en el mercado durante años.
